Cómo las grandes empresas tecnológicas se hicieron prácticamente intocables en Europa
Voxeurop
Además de obtener beneficios colosales, moldear el debate público y difundir desinformación, los gigantes tecnológicos parecen estar por encima de la ley. En parte, porque ayudaron a crearla.
¿Se puede todavía exigir responsabilidades a las grandes empresas tecnológicas por sus obligaciones éticas, civiles y penales? Los acontecimientos de este verano en Irlanda han puesto de relieve la cuestión. El 16 de agosto, cinco adolescentes murieron en la autopista M9 después de conducir en dirección contraria en un coche robado mientras se grababan. Este comportamiento está relacionado con una tendencia viral en TikTok, en la que los jóvenes se graban conduciendo deliberadamente en dirección contraria por las autopistas. Lo hacen para conseguir “me gusta” en las redes sociales, lo que aumenta su autoestima.
La tragedia ha reavivado el debate sobre este tipo de vídeos y sobre el papel de las plataformas en las que se comparten. La comisión de medios de comunicación del Oireachtas, el Parlamento de Irlanda, invitó a las plataformas a explicarse. TikTok rechazó inicialmente dos invitaciones, antes de cambiar de opinión. El 23 de septiembre, sus representantes tomaron asiento junto a los de Meta y Google. X no asistió. El cambio de postura de TikTok solo se produjo después de una intensa presión pública.
Más :Una batalla legal de los medios locales húngaros contra Google podría marcar el futuro de la IA en Europa
No era la primera vez que ocurría algo parecido. En enero de 2026, la red social de Elon Musk, X, ya se había negado a explicarse ante la misma comisión en relación con Grok, su herramienta de inteligencia artificial (IA), acusada de permitir la creación de imágenes sexualizadas de personas reales. Durante las elecciones presidenciales irlandesas de octubre de 2025, las plataformas sociales solo retiraron 13 de los 85 contenidos señalados como desinformación por la delegación irlandesa del Observatorio Europeo de Medios Digitales.
El episodio revela un déficit democrático que afecta a toda Europa. Los representantes electos pueden invitar, interrogar y cuestionar a los gigantes tecnológicos. Sin embargo, rara vez pueden obligarlos a comparecer y, mucho menos, a proporcionar respuestas sustanciales a sus preguntas.
Invitar no es lo mismo que obligar
El ejemplo más revelador de esta situación sigue desarrollándose. Desde 2021, Amazon se ha negado repetidamente a comparecer ante la comisión de empleo y asuntos sociales del Parlamento Europeo, que quería interrogar a la empresa sobre las condiciones laborales en sus almacenes. En febrero de 2024, el Parlamento revocó las acreditaciones de acceso de los 14 grupos de presión de Amazon, la primera vez que ocurría algo así desde un caso relacionado con Monsanto en 2017.
A pesar de la prohibición, representantes de la empresa con sede en Seattle celebraron al menos 66 reuniones con eurodiputados al año siguiente, según Transparency International. Y Amazon fue la gran empresa tecnológica que se reunió con mayor frecuencia con altos funcionarios de la Comisión durante el primer semestre de 2025: 43 veces. Sin embargo, en junio de 2025 no envió a sus directivos a la audiencia de la que dependía el levantamiento de la prohibición.
Declarar no significa cooperar
En febrero de 2025, Google, TikTok, Meta y X comparecieron ante la comisión de ciencia y tecnología de la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Allí se negaron a proporcionar información clara sobre diversos asuntos, entre ellos la monetización de contenidos falsos y perjudiciales; los métodos de los anunciantes; el funcionamiento de los algoritmos de recomendación; y la moderación de contenidos. Los políticos presentes se quedaron frustrados. Una audiencia sin respuestas adecuadas es una forma más sutil de obstrucción que una negativa tajante a hablar, y también más difícil de sancionar.
Un caso en Polonia muestra hasta qué punto puede llegar a ser absurda esta laguna. En Facebook, vídeos falsos generados por IA muestran al presidente Karol Nawrocki promocionando estafas de inversión. En septiembre, una comisión del Parlamento polaco convocó a Meta para que respondiera por el abuso. La empresa no asistió, algo permitido por la legislación polaca. Sin embargo, fue el propio Nawrocki quien, en enero, vetó la ley que aplicaba la Ley de Servicios Digitales europea (DSA). Argumentó que constituía una “censura administrativa”. Una nueva versión fue firmada en septiembre.
Al no poder citar judicialmente a la empresa, Polonia busca otros medios de presión. Rafał Brzoska, fundador de la empresa de logística y mensajería InPost y víctima él mismo de publicidad falsa, propone que toda plataforma que se beneficie de una estafa pague el 150 % de los ingresos generados. Casi 190.000 personas han firmado su petición.
A finales de agosto, Varsovia pidió a la Comisión Europea que impusiera a Meta una multa de 250 millones de euros: una investigación del equipo nacional de ciberseguridad polaco determinó que Meta no había retirado 106 de los 122 anuncios señalados como fraudulentos.
Francia e Italia: las dos más contundentes
La capacidad de los parlamentos nacionales para obligar a las empresas tecnológicas a comparecer ante ellos —y a cooperar— varía considerablemente de un país a otro. En Irlanda y Polonia, las reiteradas negativas a comparecer no han dado lugar a sanciones formales. En el extremo opuesto se encuentra Francia.
Las comisiones parlamentarias de investigación tienen allí auténticos poderes coercitivos: los testigos están legalmente obligados a comparecer, prestar juramento y responder a las preguntas que se les formulen, y negarse a hacerlo constituye un delito. Sin embargo, comparecer bajo juramento no impide dar respuestas evasivas u ocultar documentos. Además, los directivos pueden ganar tiempo y recurrir a la ayuda de sus abogados. El resultado puede ser que la sala de audiencias se convierta en un teatro donde se representa una versión vacía y absurda de la rendición de cuentas.
El caso de Italia es similar. Las principales plataformas comparecen habitualmente ante las comisiones ordinarias del Parlamento italiano, que no tienen los poderes coercitivos de un tribunal. Por el contrario, las comisiones parlamentarias italianas de investigación operan “con los mismos poderes y las mismas limitaciones que la autoridad judicial” (tal como establece el artículo 82 de la Constitución). La distinción no es solo teórica: este año, el Senado italiano creó una comisión de investigación sobre la difusión deliberada y masiva de información falsa en internet y sus efectos sobre el derecho a la información y la formación de la opinión pública.
Un laberinto legal
No es casualidad, por tanto, que la mayoría de los gigantes tecnológicos estadounidenses tengan su sede de la UE en Irlanda. El Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD) creó un mecanismo de “ventanilla única” que asigna la jurisdicción reguladora al país donde se encuentra la sede de la empresa en la UE. Al albergar las sedes europeas de Meta, Google, TikTok y otras empresas, Irlanda se ha convertido de facto en el regulador del continente. El efecto ha sido dejar prácticamente impotentes a las demás autoridades nacionales en los asuntos cubiertos por el RGPD.
Desde la introducción del RGPD en 2018, la Comisión de Protección de Datos irlandesa ha asumido el liderazgo en el 89 % de las 2.459 reclamaciones transfronterizas que ha recibido, según datos recopilados por The Journal. Cuando la agencia francesa de protección de datos, la CNIL, impuso a Meta una multa de 60 millones de euros por el uso de cookies, la empresa invocó la ventanilla única del RGPD para impugnar la jurisdicción francesa. Su recurso no prosperó, pero el argumento ilustró cómo las empresas pueden explotar creativamente la arquitectura de la regulación europea para limitar el alcance de cualquier regulador nacional.
Las cosas pueden ser distintas cuando los directivos de las grandes tecnológicas están físicamente implicados. Pavel Durov, fundador de la plataforma de mensajería Telegram, llevaba años negándose a cooperar con los tribunales franceses cuando fue detenido en el aeropuerto parisino de Le Bourget en agosto de 2024. Los cargos en su contra incluían explícitamente la negativa a cooperar con las fuerzas del orden. El mes siguiente a su detención, Telegram revirtió su política de larga duración y anunció que empezaría a compartir datos de los usuarios con las autoridades tras la presentación de una orden judicial válida. La lección fue contundente: un Estado puede obligar a cumplir la ley, pero solo cuando puede llegar físicamente a la persona responsable.
Pruebas digitales
La mayoría de las solicitudes de pruebas digitales no terminan así. Una circular del Ministerio de Justicia francés publicada en abril de 2026 reconoció la dificultad persistente para obtener datos de proveedores extranjeros de servicios digitales. Instó a los fiscales a canalizar sus solicitudes a través de Eurojust, Europol y magistrados de enlace internacionales cuando fracasaran las peticiones directas.
La experiencia de Austria con el Appeals Centre Europe muestra la misma tendencia a nivel regulador. ACE, con sede en Dublín, es el organismo de resolución de litigios de la UE, creado por la DSA y puesto en marcha en noviembre de 2024. Ayuda a los particulares a impugnar las decisiones de las plataformas sobre la retirada de contenidos. ACE ha logrado cierta cooperación limitada con Meta, pero se ha topado con un muro casi infranqueable en el caso de YouTube: solo 29 de las 343 disputas admisibles relativas a la plataforma de vídeo han sido resueltas.
La principal palanca de ACE es financiera: las plataformas deben pagar una tasa por la tramitación de cada disputa, actualmente de unos 300 euros. Un empleado de ACE describió esta táctica a Der Standard como el “efecto mosquito”: cantidades individualmente insignificantes, colectivamente molestas y muy lejos de ser decisivas. Además, las decisiones del centro no son jurídicamente vinculantes.
El mismo patrón se repite en toda la UE: las plataformas solo cooperan cuando les interesa hacerlo o cuando el coste de negarse se vuelve demasiado alto
La Comisión Europea, en cambio, tiene capacidad de sanción. El 5 de diciembre de 2025, impuso a X una multa de 120 millones de euros, entre otras razones por obstruir el acceso de los investigadores a sus datos. Ha presentado cargos similares contra TikTok y Meta.
La DSA permite a la Comisión exigir datos, documentos y acceso a los sistemas. No permite a un Parlamento citar judicialmente a un alto directivo. Ya en 2018, el Parlamento Europeo lamentó que Facebook se negara a enviar representantes con la categoría adecuada a sus audiencias. Nada ha cambiado en este punto desde entonces.
Escribir las normas en lugar de limitarse a cumplirlas
El persistente vacío regulatorio tiene otra explicación: las empresas afectadas ejercen influencia sobre la regulación potencial. El gasto del sector en actividades de presión a escala europea aumentó de 113 millones de euros en 2023 a 151 millones en 2025. Sus diez principales empresas gastan tres veces más que las diez principales de los sectores farmacéutico, financiero y automovilístico juntos.
Según Corporate Europe Observatory, SOMO y LobbyControl, uno de cada cinco participantes en los seminarios de la Comisión sobre la Ley de Mercados Digitales tenía vínculos con las empresas reguladas por la DSA.
Cuando la presión directa resulta insuficiente, el sector financia intermediarios externos —aliados académicos, asociaciones comerciales y grupos de reflexión— para reformular los discursos regulatorios sin dejar huellas visibles. El “paquete ómnibus digital”, presentado por la Comisión Europea el 19 de noviembre de 2025, ofrece la demostración más clara de ello. Corporate Europe Observatory y LobbyControl lo compararon, artículo por artículo, con las posiciones de los grupos de presión: las propuestas de la Comisión coincidían de forma sorprendentemente estrecha con las de los gigantes tecnológicos.
Más :Evgeny Morozov: la IA, la compañera moderna del neoliberalismo
Incluían una petición de DigitalEurope para reclasificar los datos seudonimizados como datos no personales, lo que los eximiría de las protecciones del RGPD y los pondría a disposición para entrenar sistemas de IA. Otro ejemplo: el derecho de acceso a los propios datos se restringiría en casos de “abuso”, una disposición sugerida por Google en un documento dirigido al Gobierno alemán. Según la organización de protección de datos Noyb, el 90 % de las solicitudes de acceso ya no se están atendiendo.
La Comisión Europea, por su parte, considera necesaria la simplificación. En su informe sobre competitividad, el propio Mario Draghi identificó el RGPD y el Reglamento de IA como obstáculos para la innovación europea. El apoyo a esta postura va más allá de los círculos empresariales: el 16 de junio de 2026, el Parlamento Europeo aprobó la sección sobre IA del proyecto de ley ómnibus por 423 votos a favor y 57 en contra, tras un informe presentado por el Partido Popular Europeo (conservador) y Renew (liberal).
El texto prohíbe las aplicaciones de generación de desnudos falsificados mediante IA. Sin embargo, aplaza hasta finales de 2027 cualquier obligación relativa a los sistemas de “alto riesgo”, un aplazamiento que Meta venía reclamando. La sección sobre datos sigue en discusión.
Una asimetría problemática
El mismo patrón se repite en toda la UE: las plataformas solo cooperan cuando les interesa hacerlo o cuando el coste de negarse se vuelve demasiado alto. El caso de Telegram recuerda que la jurisdicción física sigue siendo importante. La multa impuesta a X muestra de qué es capaz la Comisión. Y la experiencia de Polonia sugiere que el dinero es una palanca más eficaz que la reputación. Obtener resultados en este ámbito exige jugar duro.
Aun así, el Parlamento Europeo sigue sin poder obligar a los directivos de Meta a explicar su mencionada petición de aplazar las obligaciones relativas a los sistemas de alto riesgo. Es una asimetría que la legislación europea aún no ha resuelto.